Introducción
Desde 2021, la Unión Europea aplica una normativa que permitiría a las plataformas leer y compartir con las autoridades los mensajes privados de unos 550 millones de personas, sin orden judicial previa, bajo el nombre amable de “Chat Control”. Se presenta como un escudo contra el abuso infantil; funciona, en la práctica, como un ariete contra la privacidad digital, la libertad de expresión y cualquier oposición política organizada en las redes. El discurso oficial habla de proteger a los menores; la realidad es la instauración progresiva de una infraestructura de vigilancia masiva que trata al ciudadano europeo como sospechoso permanente en línea con lo que Foucault llamó biopolítica: el poder que toma la vida de las poblaciones como objeto de gestión a través de dispositivos de seguridad.
Un régimen de excepción disfrazado de protección
La retórica de la protección infantil cumple hoy el papel que antaño desempeñó la lucha antiterrorista: legitimar medidas de excepción que, una vez aprobadas, se naturalizan y se expanden. Chat Control 1.0 nació con una fecha de caducidad, abril de 2024, pero el Parlamento Europeo ha maniobrado para prorrogarla y allanar el camino a Chat Control 2.0, que obligaría a las plataformas a entregar de forma sistemática todos los mensajes de texto a las autoridades. No se trata de un ajuste técnico, sino de un salto cualitativo: el espionaje deja de ser una facultad discrecional para convertirse en obligación estructural de todo el ecosistema digital europeo. La jurisprudencia y los estudios sobre vigilancia masiva en la UE coinciden en algo incómodo: la tensión entre seguridad y derechos fundamentales no se resuelve con un “equilibrio” técnico, porque afecta al núcleo mismo de la democracia.
Pero lo más inquietante no es el contenido de la ley, sino el mecanismo político que la sostiene. La unanimidad nunca se consiguió; se recurrió a la “vía de urgencia” y se instauró una perversión democrática muy concreta: no acudir a votar equivale, en la práctica, a votar a favor. La pasividad parlamentaria se contabiliza como adhesión, y el silencio se convierte en consentimiento legislativo forzado. Es el sueño de cualquier régimen oligárquico: que la abstención de quienes dicen representar al pueblo funcione como motor de las leyes más lesivas contra sus derechos.
La farsa de las caretas: partidos que votan una cosa y venden la contraria
El caso Chat Control desnuda la distancia entre lo que los partidos dicen y lo que votan. Formaciones que hoy se presentan como defensoras acérrimas de la libertad digital apoyaron la implantación inicial de Chat Control en 2021, y ahora simulan escandalizarse ante su prórroga mientras se limitan a no acudir a la votación sabiendo perfectamente que esa ausencia contará como apoyo efectivo.
El patrón es especialmente visible en sectores que se venden como “oposición patriótica” o “alternativa antisistema”: utilizan redes sociales y eslóganes para denunciar la vigilancia masiva mientras impulsan propuestas todavía más intrusivas sistemas biométricos de escáner de retina, huellas dactilares, cámaras
omnipresentes bajo el pretexto de controlar la inmigración. Es una doble jugada: se capitaliza el descontento ciudadano con discursos contra el “globalismo” mientras se refuerza, materialmente, la misma arquitectura de control que se dice combatir. Btihaj Ajana ha descrito esta lógica como “biopolítica de la identidad”: sistemas biométricos que clasifican cuerpos en términos de utilidad, riesgo y pertenencia nacional o racial, reforzando un régimen de exclusión selectiva.
La política europea se ha convertido en una industria del disfraz: partidos que votan la desindustrialización, la cesión de soberanía y la sumisión a grandes fondos de inversión, mientras posan con gorra de agricultor sobre un tractor, prometiendo defender el campo. La comunicación política, amplificada por medios y redes, ya no informa: oculta la huella digital que dejan los votos reales en Bruselas.
Unión Europea: laboratorio de control y desindustrialización
La Unión Europea no es solo el escenario institucional donde se aprueban leyes como Chat Control: es, cada vez más, el dispositivo político que articula la subordinación económica y tecnológica de sus propios miembros. Se presenta como garante de derechos y libertades, pero su práctica apunta a una estructura de poder diseñada para debilitar la industria europea, vaciar la soberanía de los Estados y alinearla con los intereses de grandes fondos de inversión globales. Los estudios sobre vigilancia masiva en Estados miembros documentan cómo la legislación de seguridad nacional y la retención de datos reconfiguran el papel del derecho europeo, situando al sujeto de datos en el centro de un conflicto entre razón de Estado y libertades individuales que sigue sin resolverse.
Montañas de datos privados, centralizadas en centros de datos y nodos de embriología y transhumanismo, se convierten en el nuevo petróleo sobre el que operan gigantes financieros como BlackRock, uno de los mayores gestores de activos del mundo, que ha convertido España en una de sus apuestas estratégicas. Agua, territorio, infraestructuras y ahora datos biométricos y comunicaciones privadas se integran en una misma lógica de captura, privatización y control. La ciudadanía europea, convertida en materia prima informacional, ve cómo su vida cotidiana se transforma en un flujo de datos permanentemente accesible para instancias que nadie ha elegido una dinámica que Agamben habría descrito como la producción de vidas “desnudas”, sometidas al poder soberano sin garantías plenas.
En este esquema, la UE se reserva abiertamente la posibilidad de suspender temporalmente las redes sociales “cuando sea preciso para proteger la seguridad”: es decir, cuando el conflicto social alimentado por la desindustrialización y una migración mal gestionada estalle en las calles. La respuesta oficial no revisará las causas de fondo; apagará los canales de comunicación y perseguirá a los divulgadores incómodos, pasando del “shadow ban” y la desmonetización a la eliminación directa de contenidos.
Libertad de expresión: del derecho al delito
La vigilancia masiva nunca llega sola: necesita una mutación paralela del código penal. Lo que ayer era opinión política protegida por la libertad de expresión se redefine hoy como “delito de odio”. Países que se presentan como referencia de democracia liberal el Reino Unido, sin ir más lejos acumulan ya miles de personas encarceladas por emitir opiniones en redes sociales discordantes con la política migratoria, la ideología de género o la Agenda 2030. No es Corea del Norte ni China: es la Europa que se autoproclama bastión de derechos humanos. La aprobación del Investigatory Powers Act británico, descrito por Edward Snowden como uno de los marcos de vigilancia más extremos en la historia de las democracias occidentales, ilustra cómo los Estados instrumentalizan la amenaza terrorista y la gestión migratoria para legitimar la intrusión masiva en los datos de sus ciudadanos.
“Yo no tengo nada que ocultar” se revela, entonces, como la máxima ingenuidad política contemporánea. Nada garantiza que lo que hoy no es delito no lo sea mañana; ninguna ley asegura que la opinión permitida hoy no será perseguida cuando cambie el clima político. La arquitectura de Chat Control y sus derivaciones se construye precisamente para que ese cambio pueda aplicarse de forma inmediata y masiva anticipando el estado de excepción normalizado que teorizó Agamben.
Periodismo entre la sumisión y la resistencia
La pregunta crucial para el periodismo no es cómo informar “objetivamente” sobre Chat Control, sino de qué lado quiere estar: del lado de quienes normalizan la vigilancia en nombre de la protección, o del lado de quienes denuncian que la Unión Europea ha declarado la guerra a sus propios ciudadanos.
El periodismo que se limita a reproducir la nota de prensa institucional se convierte en correa de transmisión de la propaganda de la seguridad. El que se atreve a señalar las contradicciones entre discurso y voto, entre promesa y práctica, entre máscara mediática y rostro parlamentario, será cada vez más precarizado: sometido a plataformas que pueden desmonetizarlo, silenciarlo o expulsarlo con un clic. La profesión se juega su futuro en esa decisión: acomodarse a un ecosistema comunicacional vigilado, o aprovechar los últimos resquicios de libertad digital para organizar una oposición ciudadana informada.
Conclusión: último resquicio de libertad
La prolongación de Chat Control 1.0 y la preparación de Chat Control 2.0 no son un episodio aislado, sino un síntoma del rumbo que ha tomado el proyecto europeo: más control, menos democracia, más subordinación a intereses económicos globales. La resistencia no vendrá de las altas instituciones, ocupadas por élites que nadie ha elegido y que nadie puede destituir directamente, sino de la cohesión ciudadana que aún puede articularse a través de redes sociales, espacios de crítica y canales independientes. Es la lógica que Deleuze describió como “sociedades de control”: una regulación moduladora y continúa ejercida sobre los individuos a través de tecnologías aparentemente liberadoras, frente a la cual la única salida es la organización colectiva.
La pregunta ya no es si estamos dispuestos a sacrificar un poco de privacidad a cambio de seguridad, sino si aceptamos vivir en un régimen donde todo mensaje, toda opinión y toda relación digital puede ser registrado, analizado y utilizado contra nosotros cuando convenga. Si el periodismo no hace suya esa pregunta, se limitará a formar futuros gestores de contenido para la maquinaria del control. Si la asume, puede contribuir a que ese pequeño resquicio de libertad colectiva no se cierre definitivamente.
Labán Jhotam