Cómo la ley, el clima y la Agenda 2030 se convirtieron en la coartada perfecta para vaciar el campo español
Cada verano, España vuelve a arder. Y cada verano, el relato oficial se repite con la puntualidad de un ritual: olas de calor, sequía, cambio climático. Nadie miente del todo. Pero nadie, tampoco, cuenta la historia entera.
Porque hay una pregunta incómoda que casi ningún telediario formula: ¿quién decidió que el monte debía dejar de gestionarse, que el pastor debía dejar de pastar, que el agricultor debía dejar de limpiar su lindero? Y, sobre todo, ¿a quién beneficia que así sea?
LA LEY QUE FABRICA EL COMBUSTIBLE
Durante décadas, España construyó una legislación ambiental que trató la naturaleza como si fuera un museo y al campesino como su principal amenaza. Recoger leña seca, hacer un cortafuegos con el tractor, dejar pastar al ganado en el monte público: prácticas que durante siglos evitaron que el fuego encontrara comida ahora se sancionan con multas que van de los 1.000 a los 100.000 euros, y hasta el millón cuando la Administración decide que el daño es «catastrófico».
Mientras tanto, la vegetación seca se acumula sin que nadie la retire, porque retirarla también está regulado, también cuesta, también requiere permisos que llegan tarde o no llegan. El resultado no es un misterio de la naturaleza: es una ecuación previsible. Se prohíbe la prevención barata y se normaliza la acumulación de combustible. Luego, cuando los pirómanos su trabajo, se llama a esto «desastre natural».
El monte no arde solo. Arde después de que alguien decidiera, por ley, que nadie debía tocarlo.
LA ARITMÉTICA QUE NADIE QUIERE MIRAR
Aquí está el dato que debería incomodar a cualquier ministerio: apagar incendios en España costó cerca de 2.700 millones de euros en 2023 y se disparó hasta los 6.741 millones en 2025, es decir, entre 7 y 18 millones de euros diarios. Frente a esa cifra, limpiar preventivamente una hectárea de monte cuesta al Estado unos 12.000 euros, mientras que un agricultor puede abrir un cortafuegos con su propio tractor por apenas 45 euros de gasoil.
No hace falta ser economista para entender qué modelo se ha elegido: no el de prevenir barato y de forma descentralizada, sino el de apagar caro y de forma centralizada. Detrás de cada incendio hay medios aéreos que alquilar, brigadas que contratar, empresas que facturar. La emergencia, una vez que se vuelve recurrente, deja de ser una tragedia y empieza a parecerse, incómodamente, a un modelo de negocio.
DEL RESCOLDO AL PANEL SOLAR
Después del fuego llega el silencio administrativo, y con él, una paradoja que merece más atención de la que recibe. El monte quemado pierde valor agrícola y gana, casi milagrosamente, aptitud para otra cosa: instalaciones fotovoltaicas y eólicas que necesitan justo lo que el incendio deja libre suelo despejado, barato y sin oposición vecinal, porque ya no queda casi nadie que se oponga. Un campo que ya no sirve para dar de comer a nadie, pero que sí sirve para dar electricidad a un centro de datos.
Es una casualidad que se repite con una regularidad demasiado sospechosa como para archivarla sin más como coincidencia. Y mientras el suelo rural se reconvierte en infraestructura energética, España importa cada vez más grano y hortaliza de fuera, profundizando una dependencia alimentaria que hace treinta años habría parecido impensable.
AGENDA 2030: LA PALABRA MÁGICA
No hace falta negar el cambio climático para sospechar de cómo se le usa. La Agenda 2030 funciona, en el discurso institucional, como un conjuro: basta pronunciarla para que cualquier política por dura, injusta o mal diseñada que sea con el mundo rural quede blindada frente a la crítica. Sostenibilidad, resiliencia, transición ecológica: palabras hermosas que, traducidas al lenguaje de quien vive del campo, significan sanción, papeleo y despoblación.
El campesino que durante generaciones cuidó el monte con su presencia diaria se convierte, en este relato, en el enemigo del planeta. Y el verdadero cambio de modelo territorial la concentración de la población en las ciudades, el vaciado del interior, la sustitución de la agricultura familiar por la gran instalación energética se presenta como progreso inevitable, casi como un acto de fe.
LO QUE ARDE DE VERDAD
Decir que los incendios son solo un problema meteorológico es cómodo porque no obliga a mirar hacia arriba, hacia quien legisla, hacia quien decide qué presupuesto va a extinción y cuál a prevención, hacia quien se beneficia de que el campo se vacíe. Reconocer la dimensión política del fuego no es negar la sequía programada ni el calor de verano: es negarse a que la sequía y el calor sirvan de coartada perfecta para no hacer la pregunta incómoda.
El debate que España necesita no es únicamente climático. Es un debate sobre quién decide el destino del territorio rural, con qué normas, en beneficio de quién y a costa de quién. Mientras esa pregunta siga sin hacerse en voz alta, seguiremos viendo lo mismo cada año: montes ardiendo, campesinos multados y algún que otro balance empresarial que, extrañamente, no deja de crecer.
Asociación Albacete Libre
Labán Jhotam