Anatomía de una Europa que quema a sus campesinos para salvar al mercado

Fuego real, fuego político

España se incendia cada verano, pero la llama más letal no es la que arrasa el monte, sino la que consume a quienes viven de él. Mientras se repiten las palabras «mega incendio» y «cambio climático», una red de ministerios, confederaciones hidrográficas, tecnócratas verdes y burócratas de Bruselas aprovecha la cortina de humo para ejecutar algo mucho más discreto: despoblar aldeas, expropiar fincas, privatizar el agua y transformar la vida rural en un desecho prescindible.

Los incendios forestales funcionan como una radiografía en tiempo real de esa violencia estructural: fauna calcinada, Green Deal, Agenda 2030, confederaciones señaladas por presunta corrupción, expropiaciones al servicio de las renovables y demolición del sector primario. Lo que a primera vista parece una reflexión sobre el fuego es, en el fondo, una acusación contra un modelo de desarrollo que necesita incinerar territorio y memoria para que sus balances cuadren.

El caso Lubrín-Antas: cuando el BOE expropia y el fuego remata

Reparen en la casualidad, tan oportuna que resulta sospechosa. Mucho discurso sobre transición ecológica y respeto al territorio, pero cuando llega la hora de la verdad, detrás solo hay un negocio despiadado que arrolla a quien se le ponga por delante. Con el paso de los días el asunto se va destapando a cuentagotas, porque la verdad, como el fuego, siempre acaba abriéndose camino.

Vayamos por partes.

Papel sellado primero, cenizas después. El 6 de julio se publica en el BOE la declaración de utilidad pública del parque fotovoltaico «El Tranco», que despeja el camino para la expropiación forzosa de terrenos en Lubrín y Antas. Tres días más tarde, el 9 de julio, estalla un incendio en la zona que arrasa 6.600 hectáreas y se cobra doce vidas. Según la información disponible, el macroproyecto de Greenalia, con más de 76.000 placas solares, «continúa su tramitación administrativa». El paisaje calcinado, familias rotas por las muertes, y las multinacionales renovables con la alfombra roja extendida por la administración para proseguir su negocio sobre las cenizas.

Gol de Portugal, expolio de Almería: la jugada perfecta. El mismo día en que el BOE daba luz verde al saqueo de esas tierras con la firma de la Junta de Andalucía, media España tenía los ojos puestos en el televisor siguiendo el partido contra Portugal en el Mundial. ¿Casualidad? Es la maniobra de siempre: colar la resolución incómoda en el BOE justo cuando hay partido de gala para que nadie repare en ella. Con el ruido del balón y el silencio de los medios, el terreno queda despejado para instalar las placas solares antes de que los vecinos puedan reaccionar.

¿Utilidad pública? Llámenlo por su nombre: negocio. Eso significa arrebatarle las tierras por la fuerza a la gente del campo para que una multinacional las cubra de cables y paneles solares. Se desmantela el medio rural, se acorrala a los vecinos con la amenaza de expropiarles por cuatro duros y, cuando sobreviene una tragedia de esta magnitud, la burocracia verde ni se inmuta ni contempla frenar el negocio.

Tras la hipótesis del fallo eléctrico llega la carroña política: el Gobierno central cargando contra la Junta del PP para sacar rédito, y la Junta agachando la cabeza porque sabe que está metida hasta el cuello en el negocio de las placas solares. Unos por oportunistas, otros por traidores al mundo rural. Entre una izquierda que instrumentaliza la tragedia y una derecha cobarde que entrega el territorio a las multinacionales, el campo español queda absolutamente desamparado.

Lubrín y Antas no son un caso aislado: son el patrón reducido a su expresión más pura. Lo ocurrido allí en apenas tres días declaración de utilidad pública, incendio, doce muertos, negocio que sigue intacto es la misma lógica que recorre, a escala nacional y europea, el resto de este análisis.

Incendios que matan fauna… y legitimidades

La fauna silvestre animales con crías atrapados en el peor instante, las masas de ceniza que colman ríos, lagos y embalses, las aguas que pierden oxígeno y provocan la muerte de peces, crustáceos, anfibios e insectos acuáticos: la estampa va mucho más allá del dramatismo ambiental, porque retrata un ecosistema que se derrumba no solo por el fuego, sino por la acumulación de decisiones políticas que han convertido el territorio en material inflamable.

La lógica es simple y despiadada: tras una primavera lluviosa que dispara la masa vegetal, las prohibiciones y controles del Ministerio para la Transición Ecológica impiden limpiar el campo, aclarar los bosques, podar encinas o dejar que la ganadería extensiva haga el trabajo de reducir el combustible vegetal. La naturaleza se convierte en un polvorín gestionado desde despachos urbanos, mientras el relato oficial culpa al «ser humano» en abstracto, difuminando a los responsables concretos de las políticas que han disparado la vulnerabilidad del territorio.

Cuando los grandes medios hablan de «mega incendios» que «no se pueden extinguir» y que hay que dejar seguir su curso hasta que se apaguen solos, la catástrofe se naturaliza como si fuera un fenómeno inevitable, mientras se calla que ese mismo Estado incapaz de limpiar montes sí es capaz de prohibir lavapiés en las playas de Málaga en nombre de una ecología de escaparate. Es una ecología que vigila duchas y crocs, pero abandona pueblos a las llamas y a las riadas.

Ecologismo de élite y campesinos como daño colateral

Activistas y técnicos universitarios redactan informes de impacto ambiental que dan cobertura a parques solares, aerogeneradores y megaproyectos que expropian tierras y agua. Bajo ese tono se esconde una tensión estructural real: la fractura entre el ecologismo de papel y la ecología que viven a diario agricultores, ganaderos y pescadores.

La crítica señala a un ecologismo al servicio del capital: corporaciones renovables con apenas 3.000 euros de capital inicial que montan proyectos para capturar subvenciones; el agua cotizando en Wall Street mientras los ministerios convierten derechos ancestrales en concesiones negociables; leyes franquistas de 1954 reactivadas para expropiar tierras en nombre de un «interés general» que, en realidad, es interés privado. Al abrigo de la lucha contra el cambio climático y de la Agenda 2030, se levanta un dispositivo que precariza todavía más al mundo rural y concentra poder en empresas y tecnocracias verdes: el mismo dispositivo que en Lubrín y Antas llevó el nombre de Greenalia.

Este ecologismo de élite se aplica con doble rasero: mientras a los citricultores valencianos se les prohíben ciertos productos, se permite que Sudáfrica exporte naranjas con muchas menos restricciones, generando una competencia desleal que carcome la huerta valenciana. El Green Deal europeo se revela así no como un pacto ecológico, sino como una herramienta de reordenamiento geopolítico de la producción agraria, donde desaparecen millones de explotaciones familiares —cerca de cinco millones en toda la UE para abrir paso a un paisaje de monocultivos, mega infraestructuras renovables y agua privatizada.

Unión Europea: la cárcel transparente del campo

El ingreso en la UE se presenta como la entrada en una «cárcel transparente» que ha desmantelado empresas públicas estratégicas (Iberia, Pegaso, Altos Hornos, SEAT, Telefónica) y ha cedido la soberanía económica a los mercados y a las tecnocracias. Ese diagnóstico se traslada también al campo: España ha perdido cerca de 174.000 explotaciones agrícolas y ganaderas, una cifra que equivale, metafóricamente, a vaciar por completo una ciudad como Burgos.

El vaciamiento demográfico opera como estrategia: expulsar a los campesinos de sus pueblos elimina a los testigos incómodos de las decisiones que se pretenden imponer sobre el territorio. La España vaciada no es un accidente, sino el resultado de décadas de políticas que castigan la ganadería extensiva, asfixia a los pescadores con cuotas y burocracia, convierten los comunales en materia prima para proyectos energéticos y expropian el agua a través de confederaciones hidrográficas señaladas como «presuntas mafias»: Tajo, Guadalquivir, Guadiana, Segura.

El contraste con Portugal, que supuestamente ha aprovechado mejor los fondos europeos y no está «tan arrasado», desmonta el argumento de la obligatoriedad: lo que el gobierno español presenta como «impuesto desde Europa» es, muchas veces, una decisión política interna disfrazada bajo el chantaje de la norma externa. Los reales decretos publicados en verano o en Navidad se han convertido en técnica de gobierno la misma técnica que, en Lubrín y Antas, coincidió con un partido del Mundial para legislar cuando la ciudadanía está distraída y profundizar así un modelo de desarrollo que precariza la periferia social y territorial.

Comunales, agua y derecho: memoria como resistencia

España no se organiza solo sobre la propiedad privada, sino sobre un entramado de comunales: bosques donde distintos vecinos aprovechan cada año leña y piñas, aguas repartidas mediante turnos de riego, instituciones históricas como el Tribunal de las Aguas de Valencia, que dirime conflictos entre regantes.

Esta memoria institucional resulta decisiva: la modernización, en manos de corporaciones y confederaciones, no solo golpea al ecosistema, sino que destruye formas de autogobierno local que daban sentido a la comunidad. Cuando los comunales se subordinan a proyectos como «Catalina» (hidrógeno verde, amoníaco, renovables desde Teruel hasta la desembocadura del Palancia), el territorio deja de ser un espacio de vida para convertirse en plataforma logística de transiciones energéticas diseñadas desde arriba.

Frente a esto, la figura de Pilar Esquinas, abogada experta en derecho de aguas, funciona como contra dispositivo: asesoría jurídica a agricultores, ganaderos y pescadores frente a expropiaciones, abusos de confederaciones y proyectos de renovables. Frente a la ecología de PowerPoint, se reivindica una ecología jurídica y política, apoyada en la historia de los comunales y en la defensa del agua como derecho fundamental, no como mercancía financiera.

Incendios que abren preguntas

Más que dirimir si la Unión Europea fue «buena» o «mala» para España, los incendios destapan un conflicto de fondo: ¿quién decide sobre el territorio, y con qué legitimidad? Cuando desaparecen cinco millones de explotaciones europeas, cuando el agua se convierte en activo financiero, cuando un macroproyecto de placas solares «sigue su tramitación administrativa» tres días después de que el fuego que él mismo contribuyó a legitimar se cobre doce vidas, y cuando las playas siguen vigilando lavapiés mientras los pueblos se quedan sin bomberos ni autoridades durante días, el problema deja de ser solo ecológico: es democrático.

La pregunta que queda, en Lubrín, en Antas y en cada pueblo que arde mientras el negocio sigue intacto, no es si hubo mala suerte. Es qué transición ecológica es esa que necesita quemar, antes que nada, a quienes siempre han cuidado el territorio.

Asociación Albacete Libre

Labán Jhotam